¿Protección para quién? Los orígenes de las leyes laborales protectoras de la mujer

Los estados tenían más probabilidades de aprobar leyes laborales supuestamente destinadas a proteger a las mujeres cuando más votantes podían beneficiarse económicamente al restringir el empleo de las mujeres.

En los últimos dos siglos, el movimiento por los derechos de las mujeres y la igualdad de género en Estados Unidos ha alcanzado hitos notables: se otorgaron derechos de propiedad y económicos a las mujeres casadas en el siglo XIX, las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1920 y se implementaron reformas radicales en materia de derechos civiles en la segunda mitad del siglo XX. Dados estos avances, el progreso ha parecido ser constante. Sin embargo, este proceso no ha sido una historia de derechos en constante expansión. Podemos comprender mejor las complejas fuerzas políticas y económicas que han moldeado los derechos laborales de las mujeres examinando un sorprendente cambio histórico en Estados Unidos: el auge y la caída de las llamadas leyes laborales protectoras, específicas para cada género, entre finales del siglo XIX y mediados del XX.

Estas leyes laborales protectoras, promulgadas en casi todos los estados, impusieron restricciones laborales a las mujeres que no se aplicaban a los hombres. Incluían jornadas laborales máximas, prohibiciones del trabajo nocturno, requisitos de asiento, límites en el levantamiento de pesas y disposiciones sobre el salario mínimo. Si bien se presentaron como medidas para proteger la salud y el bienestar de las mujeres, en la práctica, a menudo restringieron su acceso al empleo y a la independencia económica. La mayoría se mantuvieron vigentes hasta la era de los derechos civiles, cuando la legislación antidiscriminación declaró inconstitucionales las leyes específicas de género.

¿Por qué estas medidas restrictivas, aparentemente contrarias a la tendencia general de ampliar los derechos de las mujeres, recibieron un amplio apoyo político durante décadas? Una nueva investigación sugiere que la respuesta no reside principalmente en las normas sociales ni en los valores de género, sino en los incentivos económicos y la dinámica cambiante del mercado laboral. En particular, estas leyes encontraron apoyo entre segmentos específicos de la población que se beneficiaron de la menor competencia en la fuerza laboral.

A medida que la economía estadounidense pasó de la agricultura a la producción industrial, hombres y mujeres comenzaron a competir cada vez más por los mismos empleos, especialmente en ocupaciones de baja calificación. Esta superposición intensificó la preocupación de las personas cuyos ingresos se veían directamente afectados por la competencia de las trabajadoras. La legislación laboral protectora limitó el empleo femenino, aumentando así los ingresos de los hogares que dependían principalmente de los ingresos masculinos.

Esta investigación muestra que un factor crucial detrás del auge y la caída de la legislación laboral protectora fue esta cambiante preocupación por la competencia femenina en el mercado laboral. Para formalizar este argumento, los autores desarrollaron un modelo en el que mujeres y hombres (solteros o casados) pueden participar en el mercado laboral y votar sobre la legislación laboral protectora. En este modelo, dos tipos de hogares son clave: hombres solteros de baja calificación y parejas casadas compuestas por un esposo de baja calificación y una esposa que se queda en casa. Para estos grupos, los ingresos del hogar dependen completamente del hombre que sustenta el hogar, quien se beneficia de la exclusión de las mujeres de los empleos que compiten.

Por el contrario, los hogares donde las mujeres contribuyen al ingreso familiar (mujeres solteras que trabajan o parejas con ambos ingresos) y los hogares con hombres más calificados son más propensos a oponerse a las leyes laborales protectoras. Los hombres más calificados se benefician cuando las mujeres se incorporan al mercado laboral, ya que estas suelen desempeñar funciones que apoyan y mejoran la productividad de los empleos más calificados. Para estos hogares, restringir las oportunidades de empleo de las mujeres reduce los ingresos del hogar. De ello se desprende que la oposición no es estrictamente de género: tanto hombres como mujeres se oponen a estas leyes si perjudican los intereses económicos del hogar. Por lo tanto, este modelo implica que el apoyo a la legislación protectora está determinado en gran medida por la distribución de los tipos de hogares dentro de la economía.

Un análisis detallado de los datos del censo estadounidense confirma que los dos tipos de hogares que favorecían las restricciones constituían la mayoría de la población votante cuando se introdujeron las leyes laborales protectoras. En cambio, cuando se desmantelaron estas leyes, la proporción de la población que se oponía a ellas había recuperado la mayoría. Análisis más detallados muestran que los estados tenían más probabilidades de aprobar leyes laborales restrictivas cuando una proporción mayor de su población votante estaba compuesta por hogares que se beneficiarían económicamente al limitar el empleo de las mujeres.

Además, examinaron el papel de los estados al adoptar enmiendas de igualdad de derechos o al votar para ratificar la enmienda federal de igualdad de derechos. Estas enmiendas prohibieron explícitamente las distinciones legales basadas en el género y anularon de hecho las leyes laborales protectoras. Este análisis muestra que los estados eran más propensos a apoyar las enmiendas de igualdad de derechos cuando la proporción de hogares que se beneficiarían de la eliminación de las restricciones laborales basadas en el género era mayor. En otras palabras, a medida que cambiaba la composición del electorado, desaparecía el apoyo político a las leyes laborales protectoras.

También evaluaron en qué medida otros factores pudieron haber influido en el apoyo o la oposición a las leyes laborales protectoras para las mujeres. La investigación no respalda la afirmación de que los estados donde las mujeres obtuvieron el derecho al voto antes fueran más propensos a introducir leyes protectoras. Este hallazgo confirma que la razón principal por la que se aprobaron las leyes laborales protectoras no fue que las mujeres impulsaran su propia protección. De igual manera, encontramos poco respaldo a la idea de que las organizaciones sindicales desempeñaron un papel decisivo en la promoción de estas leyes.

La historia de la legislación laboral protectora ofrece lecciones más amplias sobre la relación entre los incentivos económicos y el apoyo político a la igualdad legal de género. Durante gran parte del siglo XX, el progreso hacia la igualdad de género se aceleró cuando las altas tasas de matrimonio armonizaron los intereses económicos de hombres y mujeres, especialmente en hogares que dependían de la doble fuente de ingresos. Hoy en día, la disminución de las tasas de matrimonio, sumada a los altos niveles sostenidos de participación femenina en la fuerza laboral, puede complicar esta dinámica. 

Encuestas recientes han documentado una disminución significativa del apoyo a la igualdad de género entre los hombres jóvenes en países de altos ingresos, en particular entre los hombres con menor nivel educativo. Esta innovadora investigación sugiere que una renovada divergencia en los intereses económicos de hombres y mujeres podría explicar en parte esta tendencia.