Por qué no bajan los precios de los medicamentos con receta: el problema que nadie quiere enfrentar
¿Por qué los precios de los medicamentos vendidos con receta médica no bajan, aun cuando existen genéricos, bioequivalentes y marcos regulatorios que, en teoría, promueven la competencia? La respuesta incómoda —y empíricamente demostrable— es que el problema no está en la oferta potencial, sino en el diseño institucional del mercado. Chile y Costa Rica, con trayectorias regulatorias distintas, enfrentan exactamente la misma falla estructural.
No es un problema de avaricia empresarial ni de falta de regulación. Es un problema de agencia y asimetría de información que neutraliza los mecanismos básicos de competencia. Si los precios no bajan, no es porque el mercado falle, sino porque fue diseñado para no funcionar.
El diagnóstico empírico: Chile y Costa Rica dicen lo mismo
En Chile, un análisis empírico basado en datos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), obtenidos vía Ley de Transparencia, muestra un patrón contundente. El 77% de los pacientes no comparó precios antes de comprar medicamentos con receta, y dos tercios de los médicos no modificaron la prescripción aun cuando el paciente solicitó explícitamente una alternativa más barata. Dicho de forma simple: quien decide no paga, y quien paga no decide.
Ese es el corazón del problema. En términos económicos, estamos frente a un fallo clásico de agencia principal–agente: el paciente (principal) delega la decisión en el médico (agente), pero el agente no internaliza el precio ni el presupuesto del principal. El resultado es una elasticidad-precio artificialmente baja y, por tanto, precios persistentemente altos.
Costa Rica llega a la misma conclusión desde otro ángulo. El Estudio del mercado de medicamentos de COPROCOM (enero 2025) documenta una estructura de mercado caracterizada por exclusividades entre laboratorios y droguerías, concentración en proveedores de farmacias y márgenes brutos relevantes a lo largo de la cadena. Pero el propio estudio reconoce algo crucial: la existencia de genéricos o incluso de bioequivalencia no garantiza competencia efectiva si los incentivos y el diseño institucional no cambian.
Dos países, dos estudios, un mismo resultado: la competencia potencial no se traduce en competencia real.
El error recurrente de la política pública
Durante años, el debate se ha centrado en soluciones parciales: promover genéricos, fortalecer bioequivalencia, educar al consumidor o imponer controles administrativos de precios. Todas esas medidas pueden ayudar, pero ninguna ataca el núcleo del problema.
La evidencia muestra que el paciente no se comporta como un consumidor estándar, porque no tiene información ni poder de decisión. Y el médico no se comporta como un agente disciplinado por precios, porque no enfrenta el costo de su decisión. En ese contexto, pedirle al mercado que funcione es ingenuo.
La pregunta correcta no es por qué los precios no bajan, sino por qué esperaríamos que bajen si el sistema está diseñado para que no lo hagan.
Tres reformas de alto impacto (y políticamente incómodas)
Si el objetivo real es bajar precios sin sacrificar calidad ni acceso, hay tres reformas que, juntas, pueden cambiar el equilibrio del mercado. Ninguna es ideológica. Todas son diseño económico.
1. Cambiar el default de dispensación: donde realmente se decide el precio
Hoy, en la práctica, el sistema funciona así: la farmacia dispensa por defecto la marca prescrita, y la sustitución hacia un bioequivalente más barato requiere un esfuerzo adicional del paciente. Ese detalle —aparentemente menor— es decisivo.
La evidencia conductual y empírica muestra que el default manda. Si el sistema entrega por defecto la opción más cara, la competencia queda neutralizada. La reforma de mayor impacto consiste en invertir ese diseño: que la farmacia dispense por defecto el medicamento bioequivalente más barato disponible, y que la marca original solo se entregue si el médico o el paciente optan explícitamente por ella. No se trata de prohibir marcas ni de imponer precios. Se trata de mover el punto de equilibrio del sistema.
Impacto esperado: aumenta la sustitución efectiva hacia bioequivalentes, eleva la elasticidad-precio del consumidor y genera reducciones sostenidas de precios sin controles administrativos.
2. Separar prescripción y dispensación con responsabilidad de precio
La prescripción por principio activo, por sí sola, no basta. Costa Rica ya lo ha intentado, y los resultados han sido limitados. ¿Por qué? Porque no se cambió el sistema de incentivos ni la arquitectura de decisión.
Una reforma efectiva requiere tres elementos combinados:
(i) prescripción obligatoria por principio activo,
(ii) obligación de la farmacia de informar diferencias reales de precio, y
(iii) registro electrónico de sustituciones y rechazos, para monitoreo ex post.
Esto no es control de precios; es transparencia con responsabilidad. Introduce disciplina reputacional y permite evaluar si la política funciona o no.
Impacto esperado: introduce transparencia ex post, disciplina reputacional y permite monitorear si la competencia opera, alineando incentivos entre médicos, farmacias y pacientes.
3. Atacar la competencia vertical: donde se consolida el poder de mercado
El lado de la oferta también importa. El estudio de COPROCOM muestra que exclusividades, integración vertical y concentración pueden sostener precios altos incluso sin colusión explícita. Cuando un laboratorio depende de una sola droguería, o cuando la estructura limita la entrada efectiva, el margen para competir se reduce.
Aquí la política pública debe ser quirúrgica: revisar exclusividades injustificadas, fortalecer el análisis de integraciones verticales y reducir los costos regulatorios de entrada, especialmente en registros sanitarios. Más oferentes efectivos significan más presión competitiva aguas abajo.
Impacto esperado: reduce poder de mercado estructural, facilita la entrada de oferentes efectivos y amplifica el efecto de las reformas conductuales sobre precios finales.
La conclusión que incomoda
Chile y Costa Rica no tienen un problema de falta de genéricos ni de consumidores poco educados. Tienen un problema de instituciones mal diseñadas que neutralizan la competencia.
Mientras la decisión de compra no internalice el precio, mientras el default favorezca la opción más cara y mientras la estructura vertical refuerce el poder de mercado, los precios no bajarán, aunque se promulguen nuevas leyes o se repitan los mismos diagnósticos.
La solución no pasa por más retórica ni por controles administrativos. Pasa por rediseñar el sistema para que la competencia pueda operar de verdad.
No es una discusión ideológica. Es una discusión de economía aplicada.
Y la evidencia —en Chile y en Costa Rica— ya es suficientemente clara como para seguir mirando hacia otro lado.