Más allá de la austeridad: por qué recortar la seguridad social profundiza la desigualdad
En todo el mundo —y especialmente en América Latina— los gobiernos vuelven a hablar de ajustar el gasto en salud, pensiones y programas sociales. Lo presentan como una medida de responsabilidad fiscal, pero en realidad es una forma sofisticada de ceguera económica.
La desigualdad no es una consecuencia del gasto, es el costo de no gastar bien.
El nuevo informe del Cato Institute, titulado “Social Security and Trends in Wealth Inequality”, ofrece una lección sorprendente: si se incluye el valor presente de la seguridad social dentro del patrimonio de las personas, la desigualdad en la distribución de la riqueza en EE.UU. se reduce drásticamente.
Si tomamos en serio ese hallazgo, la obsesión latinoamericana por recortar la protección social deja de parecer sensata y se revela como un acto de autodestrucción.
La lección de EE.UU.: la seguridad social como amortiguador de desigualdad
Durante décadas se ha dicho que la desigualdad en Estados Unidos ha crecido sin pausa. En efecto, si se mide la riqueza de mercado —acciones, bienes raíces, empresas privadas— el 10% más rico concentra una porción cada vez mayor.
Pero el estudio del Cato Institute incorpora algo que casi nadie considera: el valor presente de los beneficios futuros de la seguridad social.
Cuando se incluye esa variable —llamada “riqueza de seguridad social”— la narrativa cambia radicalmente: entre 1989 y 2019, la participación del 10% superior en la riqueza total deja de aumentar o incluso se mantiene estable.
La explicación es poderosa: la seguridad social no es solo una red de protección, es capital redistributivo. Actúa como un contrapeso estructural frente a la concentración patrimonial.
En otras palabras, es una forma de riqueza pública que compensa la desigualdad del mercado.
El propio Cato advierte que su efecto depende de la sostenibilidad del sistema, de las tasas de descuento y de la estabilidad política que garantice los pagos futuros. Pero la conclusión es inapelable: cuando se recorta la seguridad social, no se ahorra dinero, se incrementa la desigualdad.
La dimensión latinoamericana: cobertura, desigualdad y fragilidad fiscal
En América Latina, el diagnóstico es el inverso. Aquí, los sistemas de seguridad social son incompletos, fragmentados y profundamente desiguales.
El informe del World Inequality Lab (2024) muestra que la región mantiene, desde hace más de 70 años, una de las brechas más altas de ingreso del planeta.
Y la OIT confirma que ningún país latinoamericano supera el 40% de cobertura efectiva de seguridad social para todos sus trabajadores. La mayoría de las personas en el sector informal —que en algunos países supera el 50% del empleo total— no cotizan, no acumulan derechos y terminan su vida laboral sin pensión ni protección sanitaria.
El resultado es predecible: millones de adultos mayores dependen de ayudas mínimas o de sus familias. Las mujeres, con trayectorias laborales más interrumpidas, son las más afectadas.
A diferencia del caso estadounidense —donde la seguridad social atenúa la desigualdad—, en América Latina la ausencia o debilidad de la seguridad social la amplifica.
Y aun así, varios gobiernos han elegido la austeridad: congelar pensiones, limitar transferencias y reducir presupuestos de salud. Eso no reduce el déficit, lo traslada al tejido social.
Tres espejos: Costa Rica, Chile y Argentina
Costa Rica: el modelo bajo presión
Costa Rica ha sido históricamente un ejemplo regional de Estado social: educación gratuita, salud universal y pensiones solidarias.
Esa arquitectura ha sostenido por décadas su estabilidad democrática y su alto desarrollo humano. Sin embargo, las presiones fiscales recientes y la visión tecnocrática que reduce todo a sostenibilidad presupuestaria han puesto en riesgo ese legado.
Recortar o limitar el gasto social aquí no es eficiencia: es desandar medio siglo de progreso.
Chile: el experimento que se quebró
Chile privatizó su sistema de pensiones en los años 80 bajo el modelo de AFP. Durante años fue presentado como ejemplo de modernidad. Pero los jubilados recibieron pensiones miserables y la desigualdad se disparó.
El estallido social de 2019 fue también un grito contra un sistema que abandonó a los mayores.
El gobierno intentó corregir el modelo con pensiones mínimas garantizadas, pero la desconfianza sigue. Y ahora, ante nuevas presiones fiscales, algunos vuelven a hablar de austeridad.
Sería repetir el error histórico: confundir equilibrio fiscal con justicia social.
Argentina: la fragilidad institucional y el dilema moral
Argentina enfrenta inflación, deuda y recesión. Pero la respuesta política ha sido un déjà vu: recortes en jubilaciones y salud pública.
El país posee uno de los sistemas de cobertura más amplios de la región, pero mal financiado.
Reducirlo hoy sería como amputar el corazón de su estructura social.
La desigualdad argentina ya se ha disparado. Un nuevo ajuste no traerá estabilidad, sino más pobreza, migración y frustración social.
La espiral de la desigualdad
Los gobiernos que aplican austeridad creen que alivian el déficit. En realidad, lo trasladan al futuro.
La secuencia es siempre la misma:
Se recortan pensiones y salud → mejora contable del presupuesto.
Aumenta la inseguridad económica → cae el consumo y la inversión interna.
Se amplía la desigualdad → crecen el descontento y la inestabilidad política.
Surgen protestas o populismos → sube el riesgo país y se encarece el financiamiento.
Resultado: más déficit, más desigualdad y menos legitimidad.
La desigualdad no es una variable social: es una variable macroeconómica.
Cuando es extrema, destruye cohesión, productividad y democracia.
Y revertirla cuesta mucho más que financiar un sistema de pensiones o salud sólido.
Qué deberían hacer los gobiernos
Ampliar la cobertura contributiva y no contributiva
Integrar a los trabajadores informales con subsidios proporcionales, mecanismos de cotización flexible y pensiones universales mínimas.
Blindar salud y pensiones frente a la política fiscal
Incluir en las constituciones o leyes fiscales un “piso social protegido”, que impida recortes estructurales en salud y pensiones.
Enfocarse en la calidad, no solo en la cobertura
El acceso formal no garantiza igualdad real: hay que invertir en infraestructura, médicos, digitalización y gestión pública profesional.
Financiar con progresividad
Ampliar impuestos al capital, a la herencia y a los patrimonios improductivos.
La redistribución fiscal no es un castigo, es un seguro de estabilidad.
Vincular el gasto social con la productividad
Convertir los sistemas de salud y pensiones en impulsores de desarrollo humano y económico. La población sana y protegida es un activo macroeconómico.
Combatir la ineficiencia y la corrupción
Muchos sistemas no son caros, sino mal gestionados. La eficiencia no es reducir gasto, sino usarlo con transparencia y mérito.
La verdadera deuda: la desigualdad
La región no es pobre porque gaste demasiado, sino porque invierte poco en igualdad.
Los gobiernos que confunden austeridad con eficiencia destruyen capital humano, estabilidad y esperanza.
La evidencia estadounidense del Cato Institute muestra que la seguridad social reduce la desigualdad patrimonial.
En cambio, en América Latina, los recortes a la seguridad social profundizan la brecha, debilitan las instituciones y preparan el terreno para la inestabilidad.
La pregunta central no es ¿cuánto cuesta mantener la seguridad social?, sino ¿cuánto cuesta destruirla? Y la respuesta, económica y moralmente, es clara: mucho más.
