El algoritmo de la transparencia: lo que Chile nos enseñó sobre comprar mejor y gastar menos

Hay artículos académicos que uno escribe y olvida; otros lo marcan de por vida. El mío, “Electronic Tendering of Pharmaceuticals and Medical Devices in Chile”, pertenece a esa segunda categoría. Lo escribí junto con mi maestro y amigo —un verdadero genio de la microeconomía— con la obsesión de demostrar algo que parecía evidente pero que nadie había medido: que la tecnología, cuando se usa bien, no solo moderniza al Estado, sino que lo vuelve más ético.

El estudio analizó 6.888 licitaciones públicas de fármacos y dispositivos médicos en Chile entre 2001 y 2006, justo cuando el país hizo obligatoria su plataforma Chilecompra. Los resultados fueron contundentes: los precios de adquisición del Estado bajaron más de un 8% para medicamentos y un 9% para dispositivos médicos, incluso después de controlar por tipo de producto, monto, número de oferentes y características del comprador.

El hallazgo que cambió mi forma de ver la economía pública

Lo más fascinante no fue la reducción de precios, sino el porqué. La literatura clásica sugería que los precios bajarían porque habría más oferentes al digitalizar las licitaciones. Pero nuestros modelos econométricos demostraron algo más profundo: el número de oferentes no creció de manera significativa. La caída de precios provenía de una mejora en la conducta de los actores, no del tamaño del mercado.

En otras palabras, la tecnología había reducido el espacio para la corrupción de los compradores y la colusión de los vendedores. Ese hallazgo cambió mi manera de entender la política económica: la eficiencia no siempre surge del mercado, sino de la transparencia.

El efecto volumen: la inteligencia de comprar juntos

Otra lección poderosa fue el efecto volumen. Cuando los hospitales y centros de salud chilenos empezaron a agregar su demanda —comprando de manera conjunta a través de la misma plataforma—, los precios cayeron otro 2,8% adicional, sin necesidad de renegociar contratos ni reformar leyes. El ahorro venía de la escala y de la predictibilidad: el proveedor sabía que su contrato era nacional, no fragmentado por institución, y por eso ofrecía mejores precios.

El Estado chileno recuperó más del 150% del costo del sistema en solo dos años. Era una demostración empírica de que la eficiencia puede ser política pública si se la diseña con rigor y datos.

Lo que Costa Rica aún no ha entendido

Dos décadas después, Costa Rica sigue comprando medicamentos y dispositivos médicos con una lógica predigital. Existen plataformas, sí, pero dispersas, fragmentadas y muchas veces opcionales. Cada institución compra por su cuenta, negocia precios distintos y repite procesos administrativos.

Esa fragmentación no es un problema tecnológico, sino institucional. Es la manifestación de un Estado que tolera la ineficiencia en nombre de la autonomía, confundiendo independencia con descoordinación.

En un país que gasta más de ₡400.000 millones al año en medicamentos y dispositivos médicos —según datos de la Contraloría General—, una reducción del 8% como la lograda en Chile equivaldría a ₡32.000 millones anuales de ahorro. Eso representa el presupuesto anual de un hospital regional o el costo de equipar 200 escuelas públicas con laboratorios de ciencia y tecnología.

La resistencia invisible: poder, costumbre y miedo

Implementar una plataforma única de compras públicas no es un desafío técnico; es una batalla política contra los incentivos creados por la opacidad. Muchos compradores públicos prefieren mantener esquemas manuales porque permiten discrecionalidad, relaciones informales con proveedores o simples rutinas que no exigen rendición de cuentas.

Pero en un entorno donde cada transacción deja un registro digital, donde los precios son comparables y donde el algoritmo decide quién ofrece mejor valor, la corrupción pierde oxígeno. La digitalización, bien diseñada, no solo ahorra dinero: redistribuye poder.

Más allá del software: la economía de la confianza

Lo que aprendí en esa investigación es que la eficiencia es también una forma de ética pública.
En Chile, la plataforma no solo bajó precios: cambió la cultura de compra. Los funcionarios empezaron a entender que comprar bien no era llenar formularios, sino gestionar información con criterio económico.

Los oferentes, por su parte, aprendieron que competir ya no era cultivar favores, sino ofrecer datos, trazabilidad y cumplimiento. El resultado fue una nueva moneda invisible: la confianza.

En Costa Rica, esa moneda sigue siendo escasa. La institucionalidad está fragmentada y la tecnología no se usa como instrumento de política pública, sino como accesorio administrativo.
El país que aspira a exportar inteligencia artificial todavía no aplica inteligencia siquiera en su propio gasto público.

La oportunidad de volver a ser disruptivos

Costa Rica fue pionera en transparencia digital con la plataforma SICOP, pero su adopción ha sido parcial y desigual. Algunas instituciones la usan con rigor; otras la eluden mediante excepciones, regímenes autónomos o compras directas. El resultado es un mosaico burocrático donde cada entidad optimiza su conveniencia y nadie optimiza el sistema.

Si el país adoptara una plataforma única, obligatoria y de trazabilidad total para todas las compras de medicamentos y dispositivos médicos, podría alcanzar ahorros de entre ₡25.000 y ₡35.000 millones anuales, reducir la corrupción, evitar la colusión y mejorar la planificación del gasto.

Pero, sobre todo, enviaría un mensaje poderoso: la transparencia también es política industrial.

Conclusión: el algoritmo del bien público

La historia de Chile demuestra que no se necesita un milagro fiscal para gastar mejor. Se necesita voluntad, datos y coraje institucional. El algoritmo no reemplaza al ser humano; lo obliga a comportarse mejor. Esa es la revolución silenciosa que me marcó como economista: entender que la eficiencia no es una variable técnica, sino un acto moral.

Costa Rica no debe seguir viendo la tecnología como un lujo o una moda. Debe verla como una herramienta de integridad y sostenibilidad. Si Chile pudo hacerlo hace veinte años, ¿por qué nosotros no?

La economía del futuro no se medirá por cuánto gastan los Estados, sino por cuánto confían sus ciudadanos en cómo gastan. Y esa confianza —como aprendí en aquel artículo que cambió mi vida— no se decreta: se programa.