De acuerdo con Trump, primero se debe priorizar Estados Unidos y luego abordar la anticorrupción
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA en sus siglas en inglés) de Estados Unidos es un referente en la lucha contra la corrupción. Ha creado normas similares en otros países, impidiendo que empresas sobornen a funcionarios extranjeros. La suspensión de la FCPA por parte de la administración Trump afecta no solo a los intereses comerciales estadounidenses, sino también a empresas extranjeras debido al alcance ampliado de la ley. Expertos de fDi Intelligence publicaron que, mediante una orden ejecutiva del 10 de febrero, Donald Trump suspendió su aplicación durante al menos seis meses, posiblemente un año. ¿La justificación oficial? La seguridad nacional y la competitividad económica. ¿El efecto práctico? El riesgo de deshacer décadas de progreso en la lucha contra la corrupción en la inversión extranjera directa (IED), dejando a las empresas no estadounidenses aún más expuestas.
La FCPA ha sido objeto de debate continuo respecto a su alcance. A primera vista, prohíbe a individuos y empresas estadounidenses sobornar a funcionarios extranjeros. No obstante, las empresas extranjeras pueden estar sujetas a sus disposiciones si cotizan en una bolsa estadounidense o si cualquier componente de la presunta mala conducta involucra territorio estadounidense. Esto puede incluir situaciones como el envío de un pago a través de un banco estadounidense o un correo electrónico mediante un servidor estadounidense. Este amplio alcance ha contribuido a reducir los actos de soborno en las empresas globales, aunque no exento de controversias. De hecho, la aplicación de esta ley ha sido inconsistente. Los críticos han señalado que las empresas extranjeras afectadas por la FCPA, especialmente aquellas ubicadas en países aliados, parecen enfrentar sanciones más rigurosas que sus contrapartes estadounidenses.
Armas económicas
Un ejemplo destacado por fDi Intelligence. Frédéric Pierucci, exejecutivo de la francesa Alstom, fue arrestado y encarcelado por dos años por cargos relacionados con sobornos a funcionarios indonesios bajo la FCPA. Según Pierucci y otros comentaristas franceses, su condena y la multa récord impuesta a Alstom presionaron a la empresa para que vendiera sus divisiones de energía y redes a General Electric, una transacción que se acordó al año siguiente.
El caso del Sr. Pierucci ilustra cómo el derecho corporativo en Estados Unidos ha sido empleado en contra de empresas extranjeras. Por otro lado, las empresas estadounidenses han encontrado formas de minimizar las repercusiones de la FCPA. La orden ejecutiva del presidente Trump indica un cambio en las prioridades de aplicación de la ley por parte del gobierno estadounidense. La orden ejecutiva detiene las nuevas investigaciones y procesamientos penales bajo la FCPA mientras el Departamento de Justicia (DoJ en sus siglas en inglés) revisa sus estrategias. El gobierno sostiene que la aplicación agresiva de la FCPA desanima a las empresas estadounidenses de invertir en el extranjero, beneficiando a compañías en países con leyes antisoborno más débiles. Así, considera las iniciativas anticorrupción como una carga en lugar de una necesidad.
También la FCPA se ha aplicado contra empresas que operan en Costa Rica. En enero de 2010, Alcatel-Lucent acordó pagar 10 millones de dólares para resolver un caso de corrupción interpuesto por el gobierno de Costa Rica a raíz del soborno a funcionarios costarricenses por parte de la compañía. Este acuerdo marcó la primera vez en la historia de Costa Rica que una empresa extranjera accedió a pagar al gobierno una indemnización por daños y perjuicios por corrupción.
Retirada de la rendición de cuentas
Los inversionistas internacionales enfrentan más imprevisibilidad. La orden ejecutiva prioriza proteger empresas estadounidenses, indicando que se vigilará más a las empresas extranjeras. Esto sugiere que la FCPA puede ser usada estratégicamente en lugar de neutralmente. Además, Estados Unidos parece retroceder mientras otros países combaten el soborno. Si otros siguen, podría perjudicar las iniciativas anticorrupción globales. La orden ejecutiva no elimina la FCPA, pero si su aplicación es selectiva, la confianza en el sistema regulatorio se verá afectada. Tras la pausa de 180 días, habrá ajustes a la FCPA o una indulgencia prolongada hacia las actividades extranjeras de empresas estadounidenses. Se puede anticipar que las empresas estadounidenses tendrán menos obligaciones de cumplimiento, mientras que las extranjeras enfrentarán mayores obstáculos con la FCPA.
